Columna de opinión de José Luis Cabrera Llancaqueo (profesor de Diplomado de Pueblos Indígenas) LA POSIBILIDAD DE LA PLURINACIONALIDAD EN CHILE. ENTRE ESTALLIDOS Y PANDEMIA

PENSANDO LA POSIBILIDAD DE LA PLURINACIONALIDAD EN CHILE.ENTRE ESTALLIDOS Y PANDEMIAJosé Luis Cabrera Llancaqueo

• En los últimos años, el concepto de plurinacionalidad se ha ido difundiendo en Chile y los países latinoamericanos, dado que éste contendría una propuesta de solución para la  situación de los pueblos indígenas, aquella que remite a una categorización socialmente construida y que asigna a un pueblo y sus miembros el estatus de colonizados, los cuales se diferencian étnicamente de la  sociedad dominante, y cuyo origen se puede encontrar en la época de la conquista,  la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Es así como la plurinacionalidad, en su formulación político-ideológica, tiene un fuerte componente descolonizador, toda vez vendría reemplazar los principios colonizadores sobre en los cuales se ha edificado la relación entre las sociedades criollas latinoamericanas y los pueblos indígenas, en contextos de Estados nacionales. Es precisamente lo nacional de los Estados lo que se pretende reemplazar por la plurinacionalidad, a partir de un cuestionamiento profundo a los procesos de construcción estatal que pretendieron homogenizar  la población de los países, a través de relatos mono-nacionales que eliminaban las diferencias en cuanto a las organizaciones políticas, sociales y culturales de los pueblos cuya existencia era previa a los Estado, diferencias como la lenguaje o las formas comunitarias de vida que en la práctica se siguieron manteniendo, pero fueron utilizadas por las sociedades dominante para marcar racialmente a la población indígena, asignándole una posición desventajosa en la jerarquía social.        
• En esta difusión que han experimentado la idea de plurinacionalidad del Estado, los procesos políticos llevado a cabo en Bolivia y Ecuador durante la primera década del siglo XXI representan un punto de proyección, puesto que devinieron en procesos constituyentes que culminaron con nuevas constituciones políticas –Bolivia 2008 y Ecuador 2009- que reconocieron a los Estados como plurinacionales. Sin embargo, pocos años después de promulgadas las nuevas constituciones, ambos países experimentaron movilizaciones y protestas protagonizadas por pueblos indígenas en contra del rumbo que había adquirido el proceso político, producto de decisiones gubernamentales. Es así como Ecuador, si bien las organizaciones del movimiento indígena, representadas en Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE) y Movimiento de unidad plurinacional Pachakutik-Nuevo País, apoyaron inicialmente a Rafael Correa y el proceso constituyente, el punto de distanciamiento con el gobierno se produjo el 30 de septiembre de 2009, producto de la muerte del profesor shuar Bosco Wisuma durante una movilización realizada por CONAIE; el rechazo de los indígenas a la Ley de Recursos Hídricos; la demanda por manejar las instituciones públicas orientadas al sector indígena; y el rechazo a la ley minera que podría afectar sus territorios. Esto demostró los cuestionamientos a la forma en como se estaba llevado a la práctica el funcionamiento del Estado plurinacional, dado que para los indígenas el gobierno de Correa no quiso escuchar a los mandantes. Situación similar se replicó en Bolivia, lo que se expresó de manera explícita con el conflicto del Territorio Indígena y Parque nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), cuando el  gobierno pretendió construir una carretera que dividirá el parque,  lo que provocó movilizaciones coordinadas por La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), las que incluyeron marchas sobre La Paz y el territorio autónomo.
• Situaciones como la anterior demuestran que la plurinacionalidad, como concepto y proyecto político de construcción estatal, resultan sumamente complejos si no quedan expresamente establecidos  los derechos de los pueblos indígenas, propiciando su compatibilidad con el poder central y  la soberanía estatal en materia de jurisprudencia territorial y los recursos naturales. Pero los casos de Ecuador y Bolivia también demuestran el alto nivel de solidez política y social que deben tener los proyectos de construcción estatal plurinacional, puesto que al carecer de éste, el proceso político boliviano produjo una similitud entre el presidente Evo  Morales y el proyecto en su conjunto, lo que derivó en la dependencia al caudillo para sostenerse. Al resistirse el caudillo al mandato de la voluntad general que le impidió ser candidato a la reelección, las fuerzas conservadoras aprovecharon la debilidad del gobernante para obligarlo renunciar, dejando al proyecto de Estado plurinacional frente a un riesgo real de desaparecer. Mientras que en Ecuador,  la traición del Presidente Lenin Moreno muestra la debilidad del proyecto político al permitir que el liderazgo se olvide por completo del programa y las fuerzas sociales que los instalaron en el poder, aunque las protestas ocurridas el año 2019 parecen demostrar la existencia de masa crítica que busca reencausar el proceso de cambios estructurales. Es de esperar que esto último ocurra y que pueda replicarse en Bolivia una vez que decante el malestar que generó la actitud de Evo Morales, anteponiendo el proyecto de construcción estatal plurinacional para no cometer los errores del pasado.   
• Una semana después de las protestas ocurridas en Ecuador, el 18 de octubre se produjo el estallido social en chile, una situación sin precedentes desde el regreso a la democracia en 1990. Una de las características de las movilizaciones fue la ausencia de conducción por parte de los partidos políticos, toda vez que estos fueron percibidos como parte de las elites privilegiadas contra las que se hizo sentir el malestar expresado en forma de estallido social violento. El 11 de noviembre se vivió una de las jornadas más violentas desde el 18 de octubre y a pocos días de cumplirse un mes del estallido social, en los salones del ex Congreso Nacional en Santiago, la dirigencia política se vio forzada a lo que por cuarenta años pareció imposible: la mayoría de los partidos políticos suscribía el “Acuerdo por la paz y la nueva constitución”, lo que implicaba un plebiscito de entrada para consultar a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva constitución, además de consultar por el órgano constituyente que la redactará en caso del triunfo de la opción apruebo, el cual se llevaría a cabo el 26 de abril de 2020. Sin embargo, este esfuerzo de la institucionalidad por descomprimir el conflicto social no logró su cometido, dadas sus profundas causas de desigualdad y abusos que se encuentran en su origen. Así fue como la movilización y las protestas lograron mantenerse con periodos de baja intensidad durante el verano de 2020, pero bastaba solo un motivo para que la efervescencia  brotara nuevamente y se dejara sentir en las calles, como ocurrió el 29 de enero cuando la jueza Andrea Acevedo vertió opiniones clasistas y llenas de prejuicios contra Colo Colo y sus hinchas, el club de futbol con más arraigo en los sectores populares de Chile, mientras realizaba el control de detención del funcionario  de Carabineros que conducía el camión policial que atropello al hincha Jorge Mora en las afueras del Estadio Monumental. Esto demuestra que los elementos que dieron origen al estallido social siguen estando presentes, y ante cualquier evento que lo propicie, nuevamente se pueden volver explosivos.  
• Es en este contexto que se vincula el plebiscito por la nueva constitución con la idea de la construcción del Estado Plurinacional, por la evidente posibilidad de redactar una nueva constitución que acoja la demanda, principalmente indígena, de declarar un Estado Plurinacional. Si bien es cierto que el plebiscito fue un recurso de los partidos políticos para descomprimir los niveles de violencia social, éste se produce en un momento de socavamiento del principio de autoridad, por tanto no está acorde con el estado de ánimo de la población movilizada. Lo último alejaría los resquemores de quienes prevén una similitud con lo ocurrido luego del plebiscito de 1988 que sentenció la salida de Pinochet del poder ejecutivo. Cabe recordar que el 1 de diciembre de 1989, el entonces candidato presidencial de la Concertación de partido por la democracia, Patricio Aylwin, firmó el Acuerdo de Nueva Imperial con organizaciones indígenas, en el que se comprometía al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la creación de una institucionalidad para estos pueblos, en tanto que las organizaciones le otorgaban su apoyo como candidato. Sin embargo, el quórum parlamentario para llevar a cabo estas iniciativas no se alcanzó, cuestión que ocupó la Concertación para culpar a la derecha, ligada a Pinochet y su política del fin de los pueblos indígenas, al momento de explicar   el por qué estas iniciativas no prosperaron. Ahora bien, ¿existía piso político para darle viabilidad a estas transformaciones? A la luz de lo transcurrido en los veinte años que gobernó la Concertación desde la firma del acuerdo, la respuesta es no. Haciendo un análisis contrafactual, pareciera ser que sin el actuar obstaculizador de la derecha en el parlamento, el resultado hubiese sido el mismo, es decir, la agudización de los conflictos indígenas. No obstante lo anterior, es necesario hacer notar que en 1988 y 1989 los partidos políticos y la institucionalidad ostentaban un poder real otorgado por la legitimidad con que contaban, y desde esa posición pudieron ofrecer un pacto a los indígenas e incumplirlo a los pocos años. En la coyuntura actual, los partidos y la institucionalidad política se encuentran debilitados por la fuerza del estallido social, la que puede volver a desatarse y debilitarlos aún más, si el manejo de anunciada recesión económica resulta ineficiente. De producirse esto, resulta difícil que un plebiscito constitucional logre contener un segundo estallido social en menos de un año.  
• Tal es la profundidad de la crisis, que solo una problemática de la misma magnitud podía desactivar la intensidad de las fuerzas desatadas por el estallido social, y eso fue lo que ocurrió con la pandemia de covid-19, la enfermedad producida por el temido SARS-CoV-2, la nueva variedad de coronavirus que se expandió desde un mercado de la ciudad china de Wuhan. A cinco meses de su inicio la pandemia mundial ha dejado más de tres millos de muertos y en Chile los trastornos para la población han sido profundos: comunas en cuarentena, toques de queda, cordones sanitarios, suspensión de clases en colegios y universidades, además de  la limitación del número de personas en espacios públicos como plazas y medios de transporte se acercan a cumplir dos meses. El cronograma electoral que contemplaba el plebiscito constituyente fue modificado, posponiéndose para el 25  de octubre de 2020. Frente a esto, la pandemia de covid-19 resulta un tiempo de espera, del cual nada se puede proyectar con certeza. Lo que sí es una realidad es que esta ha visibilizado con mayor nitidez las desigualdades sociales que se encuentran en la génesis del estallido social, como la diferencia entre la salud pública y privada, la molestia en contra de quienes ostentan su privilegios sin considerar las recomendaciones sanitarias, además de todas la problemáticas sociales que la recesión económica va a traer como el desempleo, el endeudamiento y el aumento del costo de la vida.       
• Que el proceso constituyente se convierta en un escenario donde se procese y encause el histórico conflicto entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, abriendo paso hacia la plurinacionalidad y el reconocimiento de la existencia previa a la creación del Estado y la nación chilena de los pueblos y derechos indígenas, resulta extremadamente complejo. Esto debido a que el colonialismo racista se encuentra en las formas de percibir al otro indígena como inferior y subordinado, lo que es una conducta transversal y naturalizada en la sociedad chilena, sin distinguir niveles socioeconómicos. Sin embargo, la naturaleza del estallido social y sus características permiten la posibilidad de una nueva realidad donde los derechos de los pueblos indígenas sean conocidos y respetados por la sociedad chilena, ya que desde dentro del mismo estallido social se han expresado lazos de solidaridad con los pueblos indígenas, simbolizados en la presencia de la wenufoye mapuche y la imagen del comunero Camilo Catrillanca en las manifestaciones,  o en menor medida, la visibilización de la demanda por la plurinacionalidad. Ahora bien,  dicho simbolismo debe dar paso a un proceso de reflexión profunda y en conjunto, entre la sociedad chilena y los pueblos indígenas, que implique el inicio de un cambio de magnitud civilizatoria que no se agotará con una eventual declaración de un Estado plurinacional en la nueva Constitución, sino con el establecimiento de relaciones sociales simétricas que hagan desaparecer el colonialismo racista que ha predominado hasta la actualidad. ¿Qué significa ser chileno?, ¿Qué significa indígena en Chile? son cuestiones indispensables que ambas sociedades deben interpretar, asumiendo toda la crueldad del pasado, para pensar un futuro armónico en conjunto.